La Ley de Cambio Climático, así es y así nos afecta

 ¿Que implica le Ley del Cambio Climático?

Las acciones del Congreso con la Ley del Cambio Climático

La aprobación el pasado 8 de abril del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética marcará un antes y un después en la historia de España. Su aceptación se produjo en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, por lo que su visto bueno definitivo aún está pendiente del Senado y de nuevo al Pleno del Congreso. En cualquier caso no se prevén grandes cambios y su entrada en vigor será una realidad en los próximos meses.

El voto a favor de PSOE, Podemos y del resto de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, así como la abstención del PP, han permitido marcar las pautas a seguir para cumplir con el objetivo de alcanzar la plena descarbonización de la economía antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable.

Se trata de un texto legislativo ambicioso que plantea cómo debe prepararse el país ante las consecuencias del cambio climático y cómo prevenir sus causas. En palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la Ley aporta “herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia”. "Es prioritario asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos", añade.

Objetivos de la Ley del Cambio Climático

Este proyecto de ley prevé la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética y establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%.

De igual modo, antes de 2050 y en todo caso “en el más corto plazo posible”, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable.

La norma establece que el Gobierno de España podrá revisar al alza los objetivos establecidos para adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y cumplir con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.

El Acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre de 2016, establecía que la temperatura media del planeta no debía aumentar más de un 1,5 grados, para lo que era preciso reducir las emisiones de gases de efecto invernadero –especialmente de dióxido de carbono (CO2)-.

La ley aprobada en España marca la obligación de fijar instrumentos que planifiquen la transición energética. Es decir, que antes del año 2050 deberá eliminarse tanto el uso de carbón como derivados del petróleo para la producción de energía. Además de crear sumideros que absorban estos gases de la atmósfera. O, lo que es lo mismo, replantaciones arbóreas y lograr un 100% de agricultura sostenible.

El fin de las explotaciones de hidrocarburos

El texto legal fija que a partir de su entrada en vigor no se otorgarán en España nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación.

Tampoco autorizaciones para la obtención de hidrocarburos mediante la técnica de ‘fracking’. Y la prohibición afecta tanto al territorio terrestre como las aguas territoriales.

Una primera consecuencia de esta medida es que a partir del año 2040 no podrán venderse a particulares vehículos diesel ni gasolina y todos deberán ser con emisiones de cero gramos. Así, los concesionarios solo podrán ofrecer vehículos eléctricos o de hidrógeno. La excepción es para vehículos de uso comercial (furgonetas y camiones), y también podrán seguir desplazándose los vehículos ya matriculados antes de ese año, así como los considerados históricos (con más de 25 años).

Restricciones en las ciudades

Esta misma ley obligará a que antes del año 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes (en la Región de Murcia se incluirían Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) deben adoptar planes de movilidad urbana sostenible para reducir la emisión de gases en los casos urbanos. A modo de ejemplo será trasladar el modelo ‘Madrid central’ a todas las grandes ciudades españolas con limitaciones de tráfico para vehículos más contaminantes.

¿Y los edificios?

La eficiencia energética de los edificios es otro de los apartados más significativos del texto legislativo. La norma es clara y señala que en un plazo de menos de treinta años –antes de 2050- no podrá haber edificios ni públicos ni privados que utilicen carbón o gasoil para su climatización.

Ya se ha anunciado un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana que dispondrá de dotación presupuestaria destinada a comunidades de vecinos para acondicionamientos de interiores y cambios de sistemas de calefacción o refrigeración por otros más sostenibles.

Ello en cuanto a las ciudades, que son las poblaciones con mayor número de edificios en comunidad, pero también se alude el desarrollo rural y en este sentido se indica que deben desplegarse las energías renovables de forma que sean compatibles con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación del territorio.

Esta cuestión ha encontrado respuestas de vecinos y grupos conservacionistas que ponen en duda cómo aerogeneradores e instalaciones fotovoltaicas no podrán en riesgo, de un lado, los hábitats naturales de flora y fauna y, de otro, su medio tradicional de vida con explotaciones agrícolas y ganaderas.

Promoción y promoción

El ‘catecismo’ de la transición ecológica también establece que las administraciones públicas deberán velar por que la población en general conozca los efectos del cambio climático. Así, se marca que los distintos gobiernos y ayuntamientos deberán hacer promoción sobre estos efectos en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. De igual forma, tanto cambio climático como medidas sobre sostenibilidad deberán incorporarse en los currículum del sistema educativo.

La Ley fija la creación de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, que será un órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático. Tendrá obligación de elaborar informes anuales que serán remitidos al Congreso de los Diputados y sometidos a debate.

Los fondos

Un aspecto económico fundamental es cómo se financiarán estos planes. Desde el ministerio de Transición ecológica se ha señalado que todos los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases se destinarán a los planes. Se trata de al menos 450 millones de euros anuales, que irán casi íntegros al fomento del uso de energías renovables. El resto a medidas con gran impacto social y a mitigar pérdidas económicas provocadas por la transión hacia economía descarbonizada.

Otro importante apoyo económico irá a parar a los nuevos contratos públicos, que incorporarán criterios medioambientales similares a los que prevén los proyectos que serán financiados con los https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es" title="Fondos Next Generation">fondos Next Generation.

De igual modo, los arrendamientos de edificios por parte de la Administración General del Estado verán su fin en el año 2030 en tanto estos edificios no demuestren que su consumo de energía es casi nulo.