por Enrique Egea Ibañez. Catedrático de la Universidad de Murcia y Director de ENAE Business School.
Cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma conoce o debe conocer de forma inexcusable cuáles son sus previsiones de ingresos, por lo que los gastos que realice para la prestación de los correspondientes servicios no deben sobrepasar dichos ingresos, de lo contrario incurrirá en déficit, y si así es, lo deberá hacer en cantidades prudenciales y acordes con la situación económica existente en el ayuntamiento o comunidad autónoma. Asimismo, tendrá que elaborar un plan riguroso y realista de cómo va a hacer frente al déficit y al endeudamiento que genera en un futuro próximo.
Los alcaldes y los presidentes de las comunidades autónomas saben que los anuncios y posteriores medidas de aumentos de los impuestos no generan votos, y los votos constituye su principal preocupación, aunque en las manifestaciones públicas siempre hagan mención a los intereses generales, y así lo mantengan donde haga falta. Así pues, no es habitual oír declaraciones en este sentido de subir los impuestos, ni siquiera se atreven a hablar del copago y si lo han hecho han levantado una buena polvareda, cuando lo previsible es que no quede más remedio que acudir al mismo, como medio disuasorio y recaudatorio en la prestación de determinados servicios. Es cierto que hay un resquicio para aumentar los ingresos tributarios, que es el de evitar la evasión fiscal. No hay mayor injusticia fiscal cuando muchos incurren en los mismos hechos y unos paguen impuestos por ello y otros no.
También los alcaldes y los presidentes de las comunidades autónomas saben que el aumento del gasto público genera votos. Así pues, este aumento puede hacerse de diversas formas. Puede proceder de la colocación de muchas personas, entre ellos parientes, compañeros de partido que le han votado en las elecciones internas y le han ayudado a estar en donde está y, también a los amigos, muchos de ellos sin el mérito necesario. Pero hay muchas más formas de aumentar el gasto público, no solo a través del aumento de funcionarios, más llamativo en los municipios medianos y pequeños que en los grandes y en las comunidades autónomas. Se puede gastar más en inversiones productivas que no lo son tanto, AVE para sólo nueve pasajeros, autopistas y autovías por la que no circula casi nadie, y en Murcia hay claros ejemplos en las que son nacionales y autonómicas. Existen alternativas más baratas y eficientes. Hay transferencias de dinero para actividades de dudosa rentabilidad que llevan nombres y apellidos, así como un dispendio, en algunas/muchas ocasiones, en fiestas y actividades deportivas para las que no hay dinero.
Todo el mundo sabe que no hay dinero para todo y que hay muchas alternativas para su gasto. Vemos, por tanto que los políticos se sienten permanentemente tentados para aumentar el gasto y a no incrementar los impuestos e incluso disminuirlos, lo que produce déficit y endeudamiento.
Durante el período 2003-2007, especialmente, los ayuntamientos y comunidades autónomas han visto subir sus ingresos notablemente debido a la elevada expansión económica. ¿Y que han pensado y han hecho sus dirigentes? Mayores ingresos, más gastos, e incluso, algunos, por encima de los ingresos, así mis ciudadanos me votarán y pueden observar como me ocupo de ellos, (obviamente, los ciudadanos pueden no ser conscientes de la deuda que se está produciendo, o son conscientes y no quieren aparecer como los “malos de la película”, si dicen que se está malgastando el dinero público). Nunca han querido pensar que podían estar en el período de la “vacas gordas” y que podía llegar el de las “vacas flacas”. En esta situación de “vacas gordas” algunos han mantenido actuaciones cercanas a ser derrochadores e irresponsables y otros han sido más prudentes y responsables. Los primeros, “los menos buenos”, con responsabilidades de gobierno se sienten ahora incapaces de hacer frente a la situación y solicitan todo tipo de ayuda, y los segundos, “los buenos” capean, más mal que bien, la situación.
Mi opinión es que los “menos buenos” deben dar explicaciones a la sociedad y explicarles sus errores e introducir, probablemente, medidas muy duras y justas para proceder al oportuno ajuste. Habrá que ejercer el adecuado control trimestral de la ejecución de las obligaciones que asumen. Este plan de ayuda deberá tener en cuenta la capacidad fiscal y el esfuerzo fiscal del municipio. Las actuaciones que han seguido los “menos buenos” se merecen la repulsa generalizada, no se les puede premiar. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de exigir responsabilidad a quienes se comprometieron a tenerla, de lo contrario premiaremos a los “menos buenos” y castigaremos a los buenos.
Se supone que si el ayuntamiento “A” está dirigido por políticos pertenecientes al grupo de los “menos buenos” y, como consecuencia ha alcanzado una situación de gran endeudamiento que, probablemente, se habrá generado a través de más de una legislatura, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad y proceder al duro ajuste en sus cuentas, y por tanto en su personal y actividades para hacer frente a la situación creada, que es de esperar que mejore, aunque no a corto plazo, por desgracia. Los ciudadanos de los ayuntamientos “B”, “C” y “D” por poner un ejemplo, no son responsables de lo sucedido en el “A”. Y los ciudadanos de cualquier municipio no pueden olvidar que son ellos los que eligen a los políticos que les gobiernan, por lo que tienen también su responsabilidad en haberles dado su confianza. Es muy fácil, ahora, acusar solo a los políticos de lo que sucede como si con los vecinos no fuera la cosa.