Los bonos verdes, ¿Qué son y para qué sirven?

Financiación de proyectos sostenibles

Fue en julio de 2007 cuando el Banco Europeo de Inversiones lanzó por primera vez una emisión de ‘bonos verdes’. Se presentaban como un sistema de financiación de proyectos que contribuyeran a cumplir los fines medioambientales que se recogían en los llamados Objetivos del Desarrollo del Milenio, definidos así en el año 2000 por las Naciones Unidas.

Estos ODM son los antecedentes de los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015. En tanto los Objetivos del Milenio se centraban en atender las necesidades más imperiosas de los países pobres y en desarrollo con una marcada agenda social, los ODS se aplicarían a países ricos y pobres e incidirían especialmente en el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.

Las distintas oficinas del Tesoro vieron en los bonos verdes una atractiva alternativa a las emisiones tradicionales de deuda pública, por cuanto tienen un fin definido buscando un impacto beneficioso para el medio ambiente.

España es hasta el momento uno de los pocos países de la UE que aún no se ha sumado a la llamada Inversión Sostenible (sus siglas en inglés: ESG, environmental, social and governance – ambiental, social y de gobernanza). Francia, Bélgica, Alemania o Italia son algunos de los estados europeos que ya han recurrido a esta fórmula. En el caso de España, la Dirección General del Tesoro comenzó en 2018 a trabajar con los bancos de inversión para una primera emisión; sin embargo, aún no se ha lanzado y no prevé hacerlo hasta el segundo semestre de este 2021.

No ocurre lo mismo con las empresas privadas, pues grandes compañías como las eléctricas los emiten con frecuencia para financiar o refinanciar inversiones en energía renovable.

¿Qué son y qué principios rigen los bonos verdes?

Los bonos se han convertido en la principal fuente de financiación de grandes empresas (bonos corporativos) e instituciones públicas (bonos del estado).

Una simple definición permitiría indicar que cuando el inversor compra un bono está realizando un préstamo a la entidad emisora, que se compromete a devolver el crédito en una fecha de vencimiento con el pago de su correspondiente interés (cupón). A partir de ahí, la casuística de los bonos es amplia: renta fija, variable, bono emitido a descuento, por la calidad del bono, por su riesgo…

El bono verde es cualquier tipo de bono que se destina exclusivamente a financiar proyectos medioambientales. Estos bonos están regidos, además de por las normas que establecen las autoridades económicas y del Tesoro, por los criterios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA en inglés) que dictó los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles-GBP por sus siglas en inglés).

En estos principios se establece que los bonos deben dirigirse a “la financiación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental” y dicta que las directrices que deben regirlos son “transparencia, publicidad y reporte de informes”.

Estos mismos GBP establecen una serie de categorías “elegibles para los Proyectos Verdes”, que serán seguidos por “observadores” de la propia Asociación de Mercados de Capitales que analizarán cuatro aspectos: el uso de los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos, la propia gestión de los fondos y la elaboración de los informes que justifiquen su uso.

Propósitos fundamentales de los fondos

La ICMA apunta los principales objetivos de los fondos obtenidos mediante bonos verdes:

• Energías renovables (incluyendo producción, transmisión, dispositivos y productos).
• Eficiencia energética (como edificios nuevos y reformados, almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes inteligentes, dispositivos y productos).
• La prevención y el control de la contaminación (incluido el tratamiento de las aguas residuales, la reducción de las emisiones atmosféricas, el control de los gases de efecto invernadero, la descontaminación de los suelos, la prevención, reducción de residuos, el reciclaje de residuos y la transformación eficiente de residuos a energía, los productos de valor añadido provenientes de los residuos y el seguimiento ambiental asociado).
• Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra (incluida la agricultura sostenible, la cría sostenible de animales, los aportes agrícolas inteligentes para el clima como la protección biológica de los cultivos o el riego por goteo, la pesca y la acuicultura; la actividad forestal sostenible, incluyendo la forestación o reforestación y la conservación o restauración de paisajes naturales).
• Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática (incluyendo la protección de ambientes costeros, marinos y de cuencas).
• Transporte limpio (como transporte eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no motorizado, transporte multimodal, infraestructura para vehículos de energía limpia y reducción de emisiones nocivas).
• Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales (incluida la infraestructura sostenible para el agua potable y limpia, el tratamiento de las aguas residuales, los sistemas de drenaje urbano sostenible y la capacitación fluvial y otras formas de mitigación de las inundaciones).
• Adaptación al cambio climático (incluidos sistemas de apoyo a la información, como la observación del clima y los sistemas de alerta temprana).
• Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular, tecnologías y procesos de producción (como el desarrollo y la introducción de productos respetuosos con el medio ambiente, con una ecoetiqueta o certificación medioambiental, y un embalaje y distribución eficientes con sus recursos).
• Edificios ecológicos que cumplan con las normas o certificaciones reconocidas regional, nacional o internacionalmente.

Durante el año pasado, las compañías españolas emitieron bonos verdes, sociales y sostenibles por un montante de 15.025 millones de euros, un 54% más que en 2019, según los datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (Ofiso), un foro constituido por las principales entidades financieras españolas, empresas privadas y administraciones públicas. Del total de fondos, unos 9.400 millones fueron directamente bonos verdes.

En todo el mundo, según datos aportados por Bloomberg, la emisión de bonos verdes fue de 256.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 13% sobre el año anterior. Incluyendo los bonos verdes y sociales, la emisión alcanzó 614.000 millones de euros, con un aumento del 29% sobre 2019 para financiar proyectos para afrontar las consecuencias de la covid-19.

La ICMA recomienda que los emisores, tanto públicos como privados, acudan a compañías externas que revisen y confirmen que los bonos verdes responden a los objetivos remarcados por la GBP y aconseja cuatro tipos de revisión: consultoría, verificación, certificación y rating.