22 de abril, ENAE se suma al Día de la Tierra

 ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Tierra?

Historia

Desde 1970, cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una iniciativa puesta en marcha por el senador estadounidense Gaylord Nelson, un activista en la defensa del medio ambiente. El proyecto de dedicar al menos un día a visibilizar los desafíos medioambientales se materializó un año después de que se produjera uno de los mayores vertidos de petróleo en el mundo, cuando en 1969 más de 11 millones de litros de petróleo se derramaron frente a las costas de Santa Bárbara, en California. Aquel accidente producido por una perforación petrolífera mal controlada está considerado como el inicio de la conciencia ecológica en el planeta.

La convocatoria de Nelson tuvo una repercusión inimaginable en Estados Unidos, donde 20 millones de personas se echaron a las calles de las principales ciudades norteamericanas para reivindicar la importancia de mantener la calidad del aire y del agua del planeta.

Veinte años después, el Día de la Tierra adquirió una dimensión global y en la actualidad son docenas de países, como España, que conmemoran la efeméride que pretende extender la conciencia sobre los problemas medioambientales, la contaminación, la deforestación y, en este momento, especialmente, la crisis climática.

El cambio de inquilino en la Casa Blanca ha propiciado que frente a las posiciones negacionistas de Donald Trump, el presidente Joe Biden haya convocado para estos días 22 y 23 de abril una cumbre mundial sobre la necesidad de continuar aplicando medidas urgentes para frenar el cambio climático. La cumbre será virtual y a la misma están invitados cuarenta líderes mundiales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La pretensión de la comunidad internacional es que este Día de la Tierra se convierta en un impulso de al menos seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos en septiembre de 2015. Al margen de los objetivos globales para erradicar la pobreza, se trataría de poner en valor:

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
• Objetivo 7: Energía sostenible y no contaminante
• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
• Objetivo 13: Acción por el clima
• Objetivo 14: Vida submarina
• Objetivo 15: Vida de los ecosistemas terrestres

Precisamente algunos de estos objetivos señalados son referencia en la Responsabilidad Social Corporativa de empresas de la Región de Murcia.

Tras una conmemoración del Día de la Tierra en 2020 que tuvo que celebrarse de forma virtual por el que confinamiento de la población en España, la efeméride en 2021 no diferirá mucho de la del pasado año. Atrás quedaron las concentraciones convocadas por organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales, sindicatos y plataformas que invitaban a tomar las calles y lucir lazos verdes.

Aún así, muchos edificios públicos y privados se mostrarán este día con iluminación en color verde, se emitirán manifiestos y colectivos escolares han organizado actividades al aire libre: desde impartir clases fuera de las aulas a recoger desperdicios en los montes próximos, también en la Región de Murcia.

Destacan todos los expertos que después de un año 2020 en el que por razones de menor movilidad y actividad industrial las emisiones globales a la atmósfera de gases de efecto invernadero, singularmente CO2, se habían reducido, en los primeros meses de este 2021 se ha vuelto a niveles previos a la pandemia.

Y ello cuando el objetivo mundial es reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 23% respecto al año 1990 antes del 2030, como establecía el Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015 por los participantes en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este acuerdo quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 (Día de la Tierra).

España asumió estos compromisos y así también se recoge en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aún en tramitación parlamentaria.

Este proyecto de ley prevé la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética y establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%.

Desafío de todos

Las empresas españolas y singularmente las de la Región de Murcia también son conscientes de los efectos sociales y económicos de su actividad, pero también de los efectos ambientales. Los desafíos que provoca la lucha contra el cambio climático están generando cambios en sus compromisos de responsabilidad, adaptación de sistemas productivos ecoeficientes y realizando acciones que mitiguen o compensen la contaminación que puedan ocasionar.

Normativas regionales, estatales y europeas, así como importantes aportes de recursos financieros, están facilitando que la defensa del medio ambiente no sea un freno al desarrollo empresarial.

El uso de los recursos naturales evitando su sobreexplotación, el control de emisiones, la utilización de energías limpias y renovables, así como la reutilización de residuos y la gestión del ciclo de vida de los productos son elementos que figuran entre los primeros objetivos de los planes de negocio de las organizaciones empresariales.

En el campo de la agricultura, en el cual esta Región es ejemplo internacional, la optimización de los recursos hídricos y su reutilización son dos conceptos que están grabado a fuego en el ideario de nuestro sector agroalimentario, uno de los más pujantes de España tanto en producción como en valor económico.

Estos principios no evitan que aún existan malas prácticas, cada vez más minoritarias, y que se están corrigiendo mediante medidas preventivas, correctivas y coercitivas de las administraciones públicas. De hecho, gran parte de las empresas ya presentan códigos de buen gobierno como empresa sostenible que establecen el compromiso de crear valores económicos, sociales y medioambientales a corto y largo plazo.