Enrique Egea -La crisis económica y el sector público y privado

por Enrique Egea, director General de ENAE Business School y director Gerente de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 

Los sectores públicos y privados conviven uno junto al otro y ambos se necesitan. Puede pensarse que es la sociedad la que determina el tamaño de sector público que considera necesario. Es ella, o mejor los individuos, los que determinan su tamaño y cuáles son sus funciones. Mediante el sistema democrático y parlamentario, han elegido a sus representantes y éstos a su vez, eligen a los gobiernos para que dirijan la administración que se ha creado.

De acuerdo con este principio, que es sustancial, no es el sector público el que debe decir al sector privado lo que tiene que hacer sino, al contrario, le corresponde a los individuos (sociedad) señalarle al gobierno a través de sus representantes políticos lo que debe hacer mediante la administración existente. Ciertamente, esta situación es más teórica que práctica, puesto que en la realidad son los gobiernos los que terminan interpretando qué desean los ciudadanos según sus mejores criterios e intereses, y a través de los políticos se lo comunican a la sociedad. 

Cuando aparece una situación de crisis financiera y económica como la actual, el sector privado hace frente a la misma. La crisis económica en España tiene su origen en la elevada inversión en el sector de la construcción e inmobiliario, que ha supuesto un desmedido endeudamiento de las familias y empresas, la existencia de unos costes laborales unitarios más elevados que los soportados por los países con los que se intercambian bienes y servicios y la consiguiente caída de la productividad y competitividad. Hechos que se han reflejado en el elevado desequilibrio de la balanza por cuenta corriente.

Esta situación del sector real ha pasado al sector financiero que tiene ahora que digerir, por una parte, el suelo y las viviendas que tiene en sus balances procedentes de los préstamos en su día concedidos y que no se han podido devolver, que poseen un valor muy inferior al que se esperaba. Y, por otra, la pérdida de valor de las acciones de las empresas que estaban también en sus balances y a cuya valoración ha afectado fuertemente la crisis económica. Incluso para países como España, hay quien considera que la deuda pública española que han adquirido las entidades financieras puede valorarse por debajo de su valor nominal. El resultado de ello es que el sector financiero atraviesa una profunda crisis que le dificulta, por ahora hasta el máximo, financiar muchas operaciones productivas que pretenden realizar las empresas.

En el sector privado se ha hecho una dura reconversión, lo que es patente por las numerosas empresas que han cerrado y por las que se encuentran en concurso de acreedores, es decir, por los cerca de tres millones de personas trabajadoras que han pasado al paro, así como por la reducción y congelación de salarios durante varios años. Estos últimos hechos son los que han dado lugar al aumento de la productividad del trabajo. Es decir, no le ha quedado más remedio a las empresas que ser mucho más eficientes para llegar a mayor producción por persona y mantener la calidad en la producción, requisito imprescindible para permanecer en el mercado. La mayor parte del sector privado se encuentra sometida a la disciplina que impone los mercados. Que se lo pregunten a los que producen limones, naranjas, tomates, motocicletas, coches, muebles, lavadoras, frigoríficos, ordenadores, móviles u otros muchos productos, por no citar expresamente a los bienes y servicios relacionados con la vivienda.

En resumen, el sector privado ha hecho un reajuste importante en su producción vía salarios y número de personas empleadas, que dado lugar a un aumento de productividad y competitividad. Sin embargo, el sector público se ha mostrado insolidario con el sector privado. Si bien es cierto que, avanzada la crisis, ha sufrido una pequeña reducción en sus salarios, se opone con uñas y dientes a disminuir el personal y disminuir salarios. Cuando el sector privado estaba prescindiendo de personal y reduciendo salarios, el sector público todavía seguía aumentando el personal a su servicio y subiendo retribuciones. Es inexplicable cómo el sector público, que sabía la que se venía encima, seguía actuando como si nada sucediera.

Algunos todavía siguen pensando que esta situación puede pasar sin acometer importantes sacrificios. Es sorprendente que cuando se les dice que hay que llevar a cabo recortes económicos y aumentar el tiempo de trabajo, a fin de incrementar la eficiencia y la productividad, lo que pasa por menos personas empleadas o menores salarios, a casi todos les sale la contestación referida a la pérdida de calidad que va a sufrir el servicio prestado. Y en mi condición de profesor, pienso yo ¿por qué tiene que disminuir la calidad de mis clases porque imparta una o dos horas más a la semana? En todo caso, será la calidad de vida a la que estoy acostumbrado la que puede verse afectada. Y si hay que pasar alguna consulta más ¿por qué tiene que bajar la calidad del diagnóstico médico? ¿O la de la asistencia del enfermero o auxiliar?  Y ¿por qué si cualquier  funcionario o persona al servicio de la administración tiene que trabajar dos o tres horas más a la semana tiene que bajar la calidad del servicio que presta?.

Es evidente que el sector público tiene que incrementar su eficiencia y productividad y tendrá que reducir personal y/o reducir salarios lo que no debe influir en el nivel de prestación de servicios.