Deuda Pública

por Enrique Egea, Director General de ENAE Business School y Director Gerente de la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 

La deuda de las familias surge en muchos casos porque quieren realizar una inversión y no disponen del dinero necesario para acometerla, por lo que acuden a pedir prestado o endeudarse y, en otros casos porque los gastos corrientes son superiores a sus ingresos corrientes.

La deuda o los préstamos que se solicitan no son malos de por sí. Las ventajas o los perjuicios que produce el préstamo solicitado depende de la utilización que se hace del dinero conseguido. Suele ser muy rentable el préstamo que se solicita para la compra de un ordenador que necesita o para pagar los estudios, o en mejoras indispensables en la casa que se habita. Ahora bien, no es aconsejable pedir préstamos para hacer comidas, celebraciones o viajes de placer. Como estas actividades no conducen a nada productivo, los gastos deben ser financiados con los ahorros. Se supone que cuando uno pide un préstamo lo va a invertir en algo que va producir un aumento de sus ingresos o de su imprescindible bienestar y ellos le facilitarán el pago de los interesen que conlleva y la devolución del dinero solicitado.

Este argumento sirve para las empresas con respecto a las inversiones que éstas realizan, que suelen ir acompañados de los planes financieros que reflejan los gastos en que hay que incurrir y los ingresos y beneficios esperados del aumento de las ventas. Las empresas hacen inversiones con mucha frecuencia.

También este argumento sirve para las administraciones públicas. Las inversiones que realizan se deben justificar aplicando un análisis coste-beneficio, que conlleva el cálculo del coste que suponen y el beneficio que generan, que será más fácil de obtener para una inversión en autovía o ferrocarril que para una inversión en sanidad, educación o medioambiente. El volumen de deuda pública que se contrae por el estado o administraciones públicas a fin de conocer su importancia se suele medir en porcentaje sobre el PIB.  

La deuda pública española se ha disparado entre 2007 y 2013 con un crecimiento de alrededor del 260%, ha pasado de un 36% a un 93% del PIB y diversos organismos consideran que seguirá subiendo hasta el 2016-2017 y que pasara la barrera del 100% del PIB. También la deuda pública de la Comunidad Autónoma de Murcia muestra un crecimiento espectacular del 800% entre 2007 y 2013, ha pasado del 2,3% del PIB regional al 18,3%. Una situación como ésta incidirá en que el crecimiento económico en el medio y corto plazo no sea elevado. Las inversiones públicas adecuadas para incrementar la productividad y competitividad de las empresas son las que han experimentado el mayor recorte en esta recesión económica y la alta carga que supone el pago de los intereses influirá en una limitación futura de las mismas.

La causa del aumento de la deuda pública es el elevado déficit público. Un elemento indispensable para su reducción es pasar a tener un superávit primario, algo tan sencillo como que los ingresos de este año 2014 sean superiores a los gastos, lo que supone no contabilizar los relativos a los intereses. Junto a ello habrá que eliminar el déficit estructural. Reducir el nivel de deuda pública no es fácil y en cuanto más elevado sea el volumen contraído, las dificultades y el tiempo necesario y los perjuicios que causa son mayores

Para detener el crecimiento de la deuda publica y hacerla sostenible, además de tener superávit primario, la tasa nominal del crecimiento del PIB ha de ser superior al tipo de interés al que se contrae la deuda. Este hecho no se atisba en un futuro inmediato mientras que el tipo de interés se sitúe alrededor del 3,5%, el crecimiento del PIB real sea del orden del 1,3% y la tasa de inflación se mueva alrededor del 1%.

Hay varias fórmulas para reducir el volumen de deuda pública y hacerla sostenible. El primero es acudir a los acreedores y solicitarles que hagan una quita y perdonen una parte de la deuda que adquirieron, medio que no se ve fácil de conseguir, porque a los acreedores no les satisface recibir menos dinero del prestado, a no ser que se vean forzado a ello si creen que si no lo hacen pueden perder todo el dinero prestado. Segundo, que se produzca una inflación notable de forma que el PIB crezca bastante en términos nominales, lo que hace reducir el porcentaje de deuda sobre el PIB, dado que el denominador (PIB) aumenta. Esta vía de la inflación conlleva un perjuicio para los acreedores que concedieron los préstamos y un beneficio para los deudores, dado que el dinero que devuelven los deudores ha perdido poder adquisitivo con relación al que recibieron, por lo que los que ahorraron en su momento salen perjudicados. Este es un sistema que ha funcionado en los casos en que ha existido una alta inflación en un determinado momento en países que tenían un elevado nivel de deuda. Tercero, será proceder a lo que se denomina una “restructuración de la deuda”, que comprende desde las quitas, a aplicar un tipo de interés mas bajo y a ampliar los plazos para la devolución. Se puede añadir que un hecho que contribuye a aliviar la carga de la deuda es la bajada de los tipos de interés o como en el caso de España la disminución de la prima de riesgo.