Prácticamente sobre la bocina, el Gobierno de España tendrá que remitir a la Comisión Europea una reforma del sistema de pensiones que aún está negociando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los agentes sociales. La propuesta de reforma es una de las condiciones indispensables para que Bruselas dé su visto bueno a las transferencias de hasta 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo, los Next Generation.
Muchas fuentes apuntan a que el sistema está quebrado o lo estará en breve. Otras más optimistas resuelven que el sistema español de protección tiene un futuro garantizado, pero que requiere ‘ajustes’. En cualquier caso, lo cierto es que la nómina de las pensiones en España ya supera los 10.100 millones de euros mensuales.
El pasado marzo este coste alcanzó los 10.119,59 millones de euros, prácticamente un 2,5% más que el mismo año del pasado año. La pensiones por jubilación se ‘comen’ el 72% del total (7.277 millones); las de viudedad representan el 17% (1.733.76); y el resto son para pensiones por incapacidad permanente (941,43), orfandad (141 M€) y las de a favor de familiares (25,94 millones).
A falta de un acuerdo definitivo y pese a los ‘bandazos’ que se han dado en los últimos días, la reforma ya está esbozada en sus grandes líneas.
La revalorización generalizada de las pensiones para este año ha sido de un 0,9%. De esta forma, para un titular con 65 años y cónyuge a cargo, la pensión mínima es de 11.914 euros al año; y de 9.655,80 sin cónyuge. La cuantía se reduce a 11.170 euros para los menores de 65 años y a 9.034 sin cónyuge.
La pensión mínima en caso de gran invalidez queda en 17.871 euros y 14.484 si no hay carga familiar. En el caso de viudedad la cuantía mínima será de 11.170 euros con cargas familiares, que se reducirán hasta los 7.315 si el titular es menor de 65 años y sin cargas familiares.
Las cantidades señaladas son las mínimas para pensiones contributivas; y las máximas se han fijado en 2.707,49 euros mensuales por catorce pagas.
Para las pensiones no contributivas se han fijado unas cantidades mínimas de 100,70 euros mensuales por catorce y una máxima de 402,80 por catorce pagas también. Las cantidades varían en función del número de beneficiarios que convivan en el mismo domicilio y de las rentas personales.
En España, la pensión media por jubilación alcanzará este año 2021 por 1.027 euros.
Los borradores de la reforma que manejan Gobierno y agentes sociales ya apuntan a que a partir del año 2023 los Presupuestos Generales del Estado asumirán unos 20.000 millones de euros (aproximadamente el 14% del coste anual); en tanto el resto continuarán a cargo de la Seguridad Social.
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Las negociaciones también prevén que las subidas de las percepciones estarían vinculadas al IPC del año anterior y sobre este aspecto se ha dado un giro de timón en los últimos días. El ministro Escrivá quería dejar determinado que en el caso de que el IPC fuera negativo tras la revisión al alza por los precios del año anterior, los pensionistas deberían compensar la ganancia en los tres siguientes ejercicios, por lo que los jubilados no ganarían poder adquisitivo. Finalmente el titular de Seguridad Social ha retirado esa propuesta y renuncia a ajustar las pensiones cuando bajen los precios.
La edad de jubilación es otra de las cuestiones que provocan más controversia. A pesar de la normativa que obliga en 2021 a retrasar la edad de jubilación a los 66 años para quien hubiera cotizado menos de 37 años y tres meses; o 65 si se supera ese tiempo de cotización, lo cierto es que la edad real de las últimas jubilaciones se están produciendo a los 64 años. Estas jubilaciones anticipadas provocan que aumente cada día el número de pensionistas y se reduzca el de cotizantes.
En este mismo sentido, la previsión es que a partir de 2027 la edad de jubilación para quien hubiera cotizado menos de 38 años y seis meses sea de 67 años.
Aún retrasando la edad de jubilación, el sistema continuaría provocando desequilibrios, por lo que Escrivá ha hecho otra propuesta que, aparentemente, no tiene aspecto de éxito. Se trata de incentivar el retraso de la jubilación con un ‘cheque’ de hasta 12.000 euros al año para aquel trabajador que prolongue su vida laboral más allá de la edad legal.
Los expertos valoran la medida, pero no creen que tenga un beneficio real para reajustar el envejecimiento de la población con la vida laboral. Estos mismos expertos alertan de que los 12.000 euros solo beneficiarían a los mayores salarios y mayor tiempo cotizado, por lo que el ‘cheque’ sería de unos 6.000 euros para una base media de cotización de unos 1.800 euros mensuales.
Otras dudas sobre este ‘cheque’ las plantean los propios técnicos del Ministerio de Hacienda, quienes tampoco conocen qué tratamiento fiscal tendría este ingreso ‘extra’.
El periodo de cómputo para las pensiones también genera serias dudas entre las partes negociadoras de la reforma. El ministro de Seguridad Social habría propuesto elevar de 25 a 35 años el tiempo para el cálculo de la pensión, aunque se descartarían los años de cotizaciones más bajas. Dentro de la polémica suscitada entre los propios socios del Gobierno de coalición, Escrivá desmintió que él fuera el precursor de la idea, aunque sí se planteó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Los cambios en el factor de sostenibilidad de las pensiones también están sobre la mesa. Se trataría de buscar un mecanismo que permita la equidad intergeneracional. El factor de sostenibilidad es la relación entre la cuantía de las pensiones y la esperanza de vida. Cuando la esperanza de vida es mayor, aumenta el número de pensionistas por lo que el Gobierno busca nuevas fórmulas para corregir las cuantías a la baja, lo que provoca el rechazo de los sindicatos.
Otra reforma propuesta es un nuevo sistema de cotización de los autónomos a la Seguridad Social. El objetivo sería que estos trabajadores coticen por sus ingresos reales en lugar de que elijan sus propias bases. Consideran desde el Gobierno que esto provocaría un incremento de las bases máximas de cotización y, por tanto, mayores ingresos.
La eliminación de las bases máximas de cotización para los trabajadores por cuenta ajena es otra propuesta foco de negociación. Se trataría de suprimir la base máxima de 4.070 euros mensuales, por lo que la caja única también vería mejorado su capítulo de ingresos, pero al mismo tiempo se debería elevar más tarde la pensión máxima, lo que no convence al Ministerio.
Las negociaciones siguen produciéndose tanto a través del Pacto de Toledo como directamente con patronal y sindicatos. Estos agentes sociales ya conocen también que Bruselas no aceptará una reforma que no presente mecanismos para evitar las prejubilaciones o que las penalicen más, llegando hasta el 21% frente al máximo del 16% en la actualidad.
Asimismo, los negociadores creen que ha llegado el momento de volver a prohibir las cláusulas de jubilación forzosa de los trabajadores en los convenios colectivos, a pesar de que habían sido incluidas por el actual Gobierno en el año 2018.